Especulación en contratos inmobiliarios Viernes 19 de septiembre de 2008
11:55 AM
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Los compradores se quejan de los aumentos que sufren los inmuebles al capitalizarse los incrementos previstos en el ajuste por inflación. Los detalles los tiene El Mundo. En la medida en que la inflación se dispara, crece la preocupación de los compradores de viviendas, sobre todo si se trata de algún bien en construcción.Se ha hecho práctica común en un país altamente inflacionario como Venezuela que los constructores realicen cada cierto tiempo ajustes sobre los precios de los inmuebles. Se trata de una especie de protección que asumen quienes desarrollan estos proyectos ante el incremento de los precios de los insumos. Y así lo asumen los compradores, aunque no estén muy convencidos al tener que llevar siempre la peor parte.
El caso, que no es exclusivo de Venezuela, ha disparado las alarmas no sólo por las constantes quejas de usuarios, sino porque se está convirtiendo en una indexación, rayando en el anatocismo y haciendo recordar las experiencias dramáticas de quienes compraron viviendas en el pasado reciente y fueron víctimas de los llamados créditos mexicanos, donde predomina el cobro de intereses sobre intereses. Esto hace que la gente termine pagando varias veces el bien adquirido. La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), la misma que presentó y ganó la demanda que puso fin a la aplicación de créditos indexados tanto para inmuebles como para carros por parte de la banca, ha recibido una serie de denuncias al respecto.Roberto León Parilli, presidente de la organización, dijo que cada vez son más los afectados por este tipo de prácticas.Reconoce que la mayoría de los constructores aplican el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) -antes IPC- a los contratos tomando en cuenta la fecha de entrega del inmueble.No obstante, denunció que se ha venido haciendo costumbre que los responsables de los proyectos no cumplan las fechas de entrega y, en vez de asumir el costo, le hacen pagar a los compradores.A esto se suma la metodología aplicada para el cálculo, lo que él denomina una "ingeniería financiera" igual a la aplicada con los créditos indexados."Una cosa es que el contrato contemple el ajuste por inflación tomando en cuenta la fecha de entrega del inmueble y otra es que éste se capitalice para generar IPC sobre IPC con el consecuente crecimiento descontrolado de la deuda".La organización está casi lista para intentar una acción colectiva ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se aclare la metodología utilizada para tal cálculo y el plazo de hasta cuándo cobrar el ajuste.El caso es similar al de las tarjetas de crédito, donde el usuario es pechado con intereses sobre la deuda que tiene, a la cual ya se han aplicado intereses. En este caso, Anauco también intentó una acción ante el TSJ y logró que la Superintendencia de bancos desarrollara una normativa para evitar que la situación continuara ocurriendo.Considera necesaria la supervisión del Estado para poner fin a este tipo de prácticas que ya no sólo afectan a los compradores de viviendas en construcción sino a los interesados en inmuebles remodelados, que son vendidos como nuevos.
SEPA USTED Práctica prohibida Luis Gamargo, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, dijo que están al tanto de la situación y aseguró que no se permitirá que prácticas prohibidas como la indexación vuelvan a ser aplicadas. El Legislativo, que acaba de reanudar sus actividades normales, estudiará el caso a través de la subcomisión de Vivienda y Hábitat, presidida por el diputado Carlos Espinoza León.Íngrid Rojas R./ El Mundo
2 comentarios:
Estamos profundamente indignados porq tengo que cancelar un alquiler por el sitio donde vivo muy alto, y enciam de ello me pretenden calcular un IPC que ya va por los 45 millones de bolivares,
Me dicen alli, en las oficnas que ellos me aconsejan q amortice IPC para q no me afecte tanto, esto me imagino lo hacen para obligarme a cancelarlo y que yo tranquilamente me quede callada y pida al banco el resto con el crédito...
No es posible que despues de tantas promesas pase un año más del ya acordado anteriormente y que no siendo culpa de los compradores, nos toque cancelar montos tan superiores al planteado inicialmente,
fuera de ello mi vendedora cuando firmamos el primer contrato me engañó, puesto que me dijo que el 15% que asumia la constructora de IPC era de la siguiente forma:
Si el IPC anual es de aprox 20%, el comprador cancelará solo el 5%, puesto que la constructora asume hasta el 15%, eso quiere decir entonces q de 180 millones que en principio costaria, entonces mas o menos al final del año no deberia pasar de los 190 millones, es decir 9 millones mas del valor inicial
ahora resulta que cuando me dirigi a preguntar por cuanto iba mi IPC, la señora de la caja me lo explico de esta forma:
El IPC del año pasado mas el de lo que va de año es de aprox 25% entonces me calcula que de 180 millones, ese 25% es de 45 millones mas y que la compañia asume es un 15% de ese total, es decir que, mi diferencia por IPC es de 38,25 millones de bolívares, y me aconseja que lo vaya cancelando para que el credito me lo aprueben mas facilmente,.....
esto es un engaño, como es posible q al principio te digan que la diferencia no pasara de 10 millones de bolivares y ahora ascienda a os 40 millones o mas???,,,, todo depende del momento en q a la oficina se le ocurra o le de por llamarnos para llevar los papeles al banco.
Encima de todo no nos dan información de nada, cuando uno acude a las oficinas se niegan, y no nos prestan atencion. Mi insistencia solo me pudo llevar a poder hablar, nada mas, con la señora de la caja, q tal?
COMUNICADO a Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO)
El Sr. Roberto León Parilli, declaró el 07/05/09 que la asociación que encabeza no está de acuerdo con la aplicación del ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) al costo de viviendas, pero que tampoco respalda su completa prohibición.”No estamos de acuerdo en su eliminación total, porque esto pudiera alterar los precios de venta iniciales de un inmueble en construcción y pudiera afectar el mercado. Pudiera afectar también el crédito bancario”, dijo León Parilli a Globovisión.
En ese sentido, pidió a los diputados que manejan este tema en la Asamblea Nacional y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que procedan en esta materia con “equidad y con justicia”.
http://www.eluniversal.com/2009/05/07/eco_ava_anauco-en-desacuerdo_07A2320767.shtml
Nosotros, los AFECTADOS por el cobro ILEGAL del IPC, nos dirigimos por este medio al Sr. Roberto León Parilli y a la Asociación que preside con la finalidad de exponer lo siguiente:
En primer lugar, no entendemos como se puede “no estar de acuerdo y no apoyar su completa prohibición”; Sres. de Anauco, el cobro del IPC (indexación) carece de fundamento jurídico y es completamente contrario a derecho de acuerdo a nuestra legislación y la “supuesta” necesidad de la aplicación de este cobro por parte de las Constructoras e Inmobiliarias, no puede pasar por encima de la ley en perjuicio de la familia venezolana.
Sr. León Parilli, su pretensión es tan absurda como lo seria plantearnos la idea de negociar o regular legalmente el precio de la cocaína, justificando tal regulación a que si no lo hacemos, la familia del narcotraficante, los restaurantes y burdeles que este frecuenta, podrían verse afectados en su actividad económica.
En segundo lugar, ustedes solicitan que se proceda con justicia y la justicia es “dar a cada quien lo que le corresponde”, de acuerdo a esto a nosotros “los afectados”, nos corresponde recibir el bien que compramos o la devolución del dinero y que se nos reintegre el dinero pagado indebidamente por concepto del cobro ILEGAL del IPC; a las constructoras e inmobiliarias, le corresponde recibir el pago de su trabajo siempre y cuando este no contravenga a la ley y al orden publico, así como también le corresponde a las Constructoras e Inmobiliarias restituir el daño patrimonial y moral que nos han ocasionado y al Estado venezolano le corresponde, determinar y aplicar las sanciones administrativas y penales a que dieran lugar las acciones tomadas.
Nosotros, queremos JUSTICIA pero no como usted la sugiere.
Por ultimo, queremos hacer público que usted ni ANAUCO nos representan y que la posición de LOS AFECTADOS POR EL COBRO ILEGAL DEL IPC dista muchísimo de la de ustedes, la cual extrañamente encaja con la pretensión de las Constructoras e Inmobiliarias, si su organización pretende en algún momento defender nuestros intereses, entonces haga eco de la verdadera posición de los afectados.
Nuestra posición es la siguiente y es la misma que hemos mantenido desde el inicio:
1) La ELIMINACION ABSOLUTA del cobro del IPC ya que carece de cualquier fundamento lógico, económico y jurídico, según lo establecido en nuestra legislación vigente. Lo ilegal es ilegal y no se puede negociar, REGULAR ni flexibilizar por acierto u acuerdo de voluntades.
2) La derogación de la “Resolución 98” emitida por el MINVIH en fecha 28 de noviembre del 2008, que provee de un marco jurídico al cobro del IPC atentando contra lo establecido en nuestra Constitución y nuestra legislación, burlando los intereses y peticiones de todos los afectados, así como también exigimos se establezcan las sanciones administrativas y judiciales que dieran lugar a quienes aprobaron en contra de la voluntad popular este adefesio jurídico.
3) En vista de que el cobro del IPC es absolutamente ilegal, y por consiguiente todo pago realizado por este concepto debe ser considerado como “Pago de lo indebido” tal y como lo establece nuestro Código Civil y por considerar que ha existido un “Enrequicimiento sin Causa” por parte de las constructoras, también establecido en nuestra legislación; exigimos que se reestablezca el equilibrio patrimonial que no es otra cosa que la repetición, devolución, restitución, retorno, reembolso, reposición de todas las sumas de dineros pagadas por este concepto.
4) Ya que resulta evidente el “Abuso de la Posición de Dominio” practicada por las Constructoras e Inmobiliarias, así como resulta bastante clara la existencia de “Usura” en este tipo de contratos; exigimos que el Ministerio Publico actúe penalmente contra aquellas constructoras e inmobiliarias que de manera fragante y reiterada han venido cometiendo estos delitos.
5) Por tratarse “la Vivienda” de un bien de interés y seguridad social tutelada y amparada por nuestra Constitución a fin de proteger al hogar y la familia; exigimos como PUEBLO AFECTADO (y muy bien organizado) el CONTROL EFICIENTE de los organismos del estado y solicitamos que estos se asesoren debidamente para poder proporcionarnos respuestas satisfactorias y acordes a derecho, que nos permitan recuperar y exigir la justa indemnización por los daños patrimoniales y morales que hemos venido sufriendo y sean capaces de PREVENIR Y CONTENER cualquier otro intento o invento que pretenda violentar EL DERECHO de la familia venezolana.
Para concluir, Sr. Roberto Parilli la salida “salomónica” que usted sugiere y cualquier otro intento de negociar, transigir, regular u acordar lo ILEGAL, será inmediatamente rechazada por todos los afectados, quien pretenda obrar en defensa de nosotros, tendrá que hacerlo en defensa de nuestros intereses y de acuerdo a la ley.
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